17-11-2014, la vila Joiosa.- Hace tres años, Jaime Lloret defendía como mejor opción la privatización de la gestión de la piscina municipal y la cesión de la explotación por 14 años al Grupo Pazos Salud y Ocio que cobraría por ello unos 47.000 euros anuales mientras que, al mismo tiempo, el Ayuntamiento se hacía cargo de los gastos de luz y agua.
El primer edil destacó en aquel momento las bonanzas que supondría para el Ayuntamiento esta adjudicación cifrando en cerca de 300.000 euros la inversión inicial prevista para equipar el complejo y que, con ello, la piscina de la Vila se pondría al nivel de sus competidoras directas.
Cuando parecía que al fin, tras una década de obras, reparaciones y sobrecostes millonarios la piscina cubierta de la Vila Joiosa daba un servicio continuado a sus vecinos, la mercantil que se hizo cargo de su explotación en agosto de 2012 amenazó con cerrarla ante las pérdidas que le generaban las deficiencias de la instalación, sobre todo aquellas relacionadas con la climatización del recinto. Después de haber instado en "múltiples ocasiones" al Ayuntamiento -según la mercantil- a que procediera a subsanar los defectos encontrados en el complejo. Se ponía de manifesto, una vez más, que las obras millonarias de la piscina no se hicieron bien (cabe recordar que ya en mayo de 2010, cuando todo parecía en orden, el Consell denegó la autorización de apertura al existir deficiencias técnicas en el proyecto).
Hoy, nos levantamos con un nuevo acontecimiento anunciado por el Partido Popular y, aquello que en su día se nos vendió como la solución idónea para rentabilizar la piscina, se ha convertido en un nuevo problema para el Ayuntamiento ya que se ha iniciado el proceso para incoar expediente para la resolución del contrato administrativo de gestión del servicio de mantenimiento y explotación de la piscina municipal y conceder audiencia al contratista y, en caso de oposición, solicitar dictamen al Consell Juridic Consultiu.
Según la propuesta de Jaime Lloret, la resolución del contrato puede llevar a dos consecuencias alternativas, bien al cierre de la instalación y cese del servicio hasta nueva adjudicación del contrato, o bien a la gestión directa del servicio por el Ayuntamiento hasta nueva adjudicación del contrato.
Tanto la primera como la segunda de las propuestas nos llevan a la conclusión de que el Partido
Popular de la Vila una vez más se ha enredado en la piscina municipal y, al igual que en su momento lo hizo con su construcción y financiación, ahora ocurre otro tanto con su gestión. Por todo ello, no estaría mal que diera una explicación a los ciudadanos del coste que ha supuesto para las arcas municipales toda esta madeja de despropósitos continuados.
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