Las casas desocupadas del Consell no pagan el impuesto y pide bonificaciones a los ayuntamientos
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomendado al Consell, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que inste al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), actualmente integrado en la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) que, «paralice las medidas que están aplicando con respecto a la repercusión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas sociales en régimen de arrendamiento propiedad» de la administración autonómica.
El Síndic de Greuges ha aconsejado a la Generalitat que «fomente, agilice, favorezca e impulse ante los ayuntamientos los mecanismos de ayuda, deducción o bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, al estar dichas viviendas dirigidas a satisfacer una demanda en sectores de población con escasos recursos económicos».
En la misma línea, instó a crear «medidas» o a implementar las «ayudas sociales necesarias para paliar el problema económico tan grave que genera esta insolidaria decisión de la Generalitat valenciana de no hacerse cargo del pago del IBI en viviendas de protección social».
Igualmente, desde el defensor del pueblo valenciano ha agregado a este respecto que «a pesar de que se fraccione el mencionado impuesto, sigue siendo una carga muy grande» para las personas que viven alquiladas en estos inmuebles para este colectivo y «no se soluciona el problema». Por ello, estima que «se debería de encontrar algún otro tipo de gastos públicos que pudieran disminuirse o eliminarse, antes de repercutir el mencionado impuesto».
El Síndic de Greuges ha aconsejado a la Generalitat que «fomente, agilice, favorezca e impulse ante los ayuntamientos los mecanismos de ayuda, deducción o bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, al estar dichas viviendas dirigidas a satisfacer una demanda en sectores de población con escasos recursos económicos».
En la misma línea, instó a crear «medidas» o a implementar las «ayudas sociales necesarias para paliar el problema económico tan grave que genera esta insolidaria decisión de la Generalitat valenciana de no hacerse cargo del pago del IBI en viviendas de protección social».
Igualmente, desde el defensor del pueblo valenciano ha agregado a este respecto que «a pesar de que se fraccione el mencionado impuesto, sigue siendo una carga muy grande» para las personas que viven alquiladas en estos inmuebles para este colectivo y «no se soluciona el problema». Por ello, estima que «se debería de encontrar algún otro tipo de gastos públicos que pudieran disminuirse o eliminarse, antes de repercutir el mencionado impuesto».
Los grupos políticos con representación municipal deben considerar estas recomendaciones del Consell y ponerlas en práctica en la Vila. Son muchas las familias de La Vila que corren el riesgo de exclusión social y desde los poderes públicos deben de tomar medidas
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